TRIBUNA JURIDICA FEBRERO 2017

MINISTERIO DEL TRANSPORTE

DECRETO 153 febrero 3 de 2017

“Por el cual se modifica y adiciona la Subsección 1 de la Sección 7 del Capítulo 7 del Título I de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relación con las medidas especiales y transitorias para normalizar el registro inicial de vehículos de transporte de carga”

RESOLUCIÓN 332. Febrero 20 de 2017

RESOLUCIÓN 332. Febrero 14 de 2017

 

RESOLUCIÓN 332. Febrero2 14 de 2017
“Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones

RESOLUCIÓN 215. Febrero2 14 de 2017
Por la cual se incorporan nuevos trámites con sus respectivas tarifas en el Registro Nacional Automotor (RNA) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Circular 20933 febrero 14

“Por la cual se definen las condiciones y el procedimiento de los trámites inherentes a la política pública de modernización del parque automotor de carga y se dictan otras disposiciones”

“Por la cual se incorporan nuevos trámites con sus respectivas tarifas en el Registro Nacional Automotor RNA del Registro único Nacional de

Tránsito –RUNT-

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

CIRCULAR EXTERNA 11 de febrero 22 de 2017

Requerimiento perentorio vigilado que aún no se encuentran en el sistema VIGIA.

CIRCULAR EXTERNA 08 de febrero 10 de 2017

“Tiene por objeto dar a conocer a las autoridades de Tránsito y transporte, los indiciadores que en adelante servirán de herramienta para el control de todas las formas de piratería, informalidad e ilegalidad en la prestación del servicio de transporte público terrestre automotor”

CIRCULAR EXTERNA 07 de febrero 2 de 2017

Ampliación del plazo de implementación seguridad en prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a partir del 1° de junio de 2017

CIRCULAR EXTERNA 06 de febrero 17 de 2017

Condiciones para el transporte escolar

Ministerio Del Trabajo

Por la cual se establece el apoyo de sostenimiento de aprendices en la fase práctica para el año 2017 a que se refiere el artículo 30 de la Ley 789 de 2002

 

Ministerio De Justicia Y Del Derecho

Decreto 277 febrero 17 de 2017

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CIRCULAR EXTERNA N° O1 de 27 de enero de 2017
Cambios Registro Bases De Datos Ante La Sic

Por el cual se establece el procedimiento para la efectiva implementación de la Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016 “por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones.

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Circular Externa No. 001 de 2017, confirmó el plazo de inscripción de las Bases de Datos en el Registro Nacional RNBD, para las Sociedades inscritas en Cámara de Comercio: treinta (30) de Junio de 2017 y para Personas Naturales, Sociedades NO inscritas en Cámara de Comercio: treinta (30) de Junio de 2018

 

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Concepto jurídico 2015126620-005 Enero 18 de 2017 El empleador debe fundamentar legalmente la negativa a suscribir un acuerdo de libranza

DIAN

RESOLUCIÓN 6 DE 2017 (febrero 3)

Diario Oficial No. 50.138 de 5 de febrero de 2017

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Por la cual se prescriben y habilitan los formularios para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2017.

COMUNICADO DE PRENSA 23

¿Lo prefiere con IVA o sin IVA? El no cobro y recaudo del IVA es un delito a partir de este año

 Reforma Tributaria Estructural de 2016 estableció penas entre 4 y 9 años para quienes no cobren o recauden el IVA Bogotá,

06 de febrero de 2017 .- La Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le recordaron a la ciudadanía que, a partir de este año, el no cobro y recaudo del IVA son delito, y podría contemplar penas entre 4 y 9 años.

En materia de evasión de impuestos, uno de los principales cambios de la Reforma Tributaria, es la penalización a aquellas personas obligadas (comerciantes, restaurantes, profesionales independientes, entre otros) que decidan no cobrar el impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto Nacional al Consumo (INC).

CONSEJO DE ESTADO

En este orden de ideas, la FGN y la DIAN iniciaron reuniones de articulación para trabajar en conjunto en el alcance de las nuevas previsiones que contempla la Reforma Estructural Tributaria 2016.

Esta decisión se tomó luego que el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en diciembre del año pasado, cuando se revisó el artículo de la reforma tributaria, señaló “la importancia de castigar la práctica de algunos comerciantes que les preguntan a los ciudadanos si quieren comprar los productos sin IVA o sin factura”.

“Cuando hay evasión del IVA y en la medida en que se aumenta en tres puntos hay mayor proclividad para la evasión, hay que considerar la evasión del IVA como un tipo penal”, aseguró el Fiscal General de la Nación.

Para el Director General de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo, esta será una valiosa herramienta para combatir una de las mayores formas de evasión de este impuesto.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR

 

Síntesis del caso: La demandante prestó sus servicios como docente al municipio de Ciénega de Oro (Córdoba) por 13 años, 1 mes, tiempo en que no recibió suma alguna por concepto de prestaciones sociales, razón por la cual, presentó la solicitud de su reconocimiento y pago el 16 de octubre de 2012, la que fue negada por la administración mediante oficio 514

 

Sentencia Sección Segunda de 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013- 00260- 01(0088-15) CE-SUJ2No.005-16,
C.P Carmelo Perdomo Cuéter,

Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho..1

En relación al cómputo y la forma en que opera la prescripción trienal en relación con las

 

2 Boletín informativo RED JURISTA

https://www.redjurista.com/NewsPaper/36/laboral/1681/consejo-de-estado-recuerda-requisitos-del-contrato-de-prestacion-de-servicios

 (…) La imprescriptibilidad de la que se ha hablado no opera frente a la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional (…) como quiera que el último de los contratos suscritos por la accionante culminó el 30 de diciembre 1997 y la reclamación la formuló el 16 de octubre de 2012, esto es, por fuera de los tres años señalados como el término de la prescripción extintiva, no resulta procedente conceder los emolumentos deprecados, por cuanto no se reclamaron oportunamente.(…) “

Nota de Relatoría: La Sala Plena de la Sección Segunda en la sentencia referenciada unifica criterios en torno al contrato realidad, en relación con: i) El término de prescripción trienal de las prestaciones sociales derivadas del contrato realidad debe contarse a partir de la terminación de su vínculo contractual, el cual no aplica frente a los aportes pensionales, pero sí frente a la devolución de los dineros pagados por éste concepto por el contratista. ii) El medio de control de nulidad y restablecimiento del reconocimiento de los aportes pensionales no están sujeto a caducidad ni a conciliación prejudicial. iii) el ingreso sobre el cual se debe liquidar las prestaciones sociales dejadas de percibir por el contratista-docente corresponde a los honorarios pactados. iv) El reconocimiento de las prestaciones y del tiempo de servicios con fines pensionales se reconocen a título de restablecimiento del derecho. v) el juez contencioso administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita.

Resolución 475 de 17 de diciembre de 2012, actos demandados.

TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD – Cómputo / CONTRATO DE PRESTACIÓN CELEBRADO DE FORMA INTERRUMPIDA /

CONTRATO CELEBRADO DE FORMA CONTINUADA / PRESCRIPCIÓN FRENTE A LAS PRESTACIONES SOCIALES DERIVADAS DEL CONTRATO REALIDAD / PRESCRIPCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE APORTES PENSIONALES AL CONTRATISTA / CONTRATO REALIDAD

Problema jurídico: ¿Resulta procedente declarar la prescripción de la totalidad del derecho deprecado [derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad docente], pese a estar concernidos los aportes al sistema de seguridad social en pensiones (…)?

Tesis: “Si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “…primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio (…) 

CORTE CONSTITUCIONAL3

EXPEDIENTE T 4632398 – SENTENCIA SU- 049/17 (Febrero 2) M.P. María Victoria Calle Correa

LA CORTE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA ESTABILIDAD OCUPACIONAL REFORZADA DE UNA PERSONA A QUIEN SE DIO POR TERMINADO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTANDO EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD POR UN ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional concedió el amparo de los derechos fundamentales de una persona que prestó sus servicios como conductor de la compañía Inciviles S.A. por cerca de año y medio, transportando los materiales de construcción requeridos para el desarrollo de su objeto social. Al accionante se le desvinculó de manera anticipada cuando apenas había transcurrido dos meses y medio de un segundo contrato de prestación de servicios de once meses que comenzó el 1o de enero de 2014. La compañía Inciviles S.A. decidió terminar este contrato alegando la existencia de una justa causa relacionada con el incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, por haber dejado rodar el vehículo a su cargo y causar el choque de una volqueta, causando daños a la persiana y a otro vehículo particular. Cuando la empresa le comunicó al accionante la terminación del contrato de prestación de servicios, se encontraba incapacitado como consecuencia de un accidente de trabajo que había sufrido semanas atrás. La Corte determinó que el actor era titular del derecho a la estabilidad ocupacional reforzada, por cuanto a causa del accidente de trabajo que padeció, experimentaba dificultades sustanciales para realizar las labores para las cuales fue contratado en condiciones regulares. Conforme a los Comunicado No. 4. Corte Constitucional, febrero 1o y 2 de 2017 14 criterios unificados en esta sentencia, el hecho de que se trate de un contrato de prestación de servicios o de una relación laboral no es relevante, en cuanto a la protección reforzada, ni lo es que el accionante carezca de una calificación de pérdida de capacidad labora que determine su grado de invalidez, porque en ocasiones el proceso de recuperación de la salud es largo y hasta que finalicen los tratamientos no es factible establecer en muchas oportunidades, si las secuelas que padece la persona le ocasionarán un dictamen de invalidez. Para la Corte, en sus condiciones de salud, tiene derecho a la estabilidad ocupacional reforzada en virtud de la Constitución y en concordancia con la Ley 361 de 1997.

 

La estabilidad laboral reforzada significa que el actor tenía entonces derecho fundamental a no ser desvinculado sino en virtud de justa causa debidamente certificada por la Oficina del Trabajo. No obstante, en este caso, la compañía contratante no solicitó en momento alguno la autorización referida. En eventos como este, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la pretermisión de este trámite ante la autoridad del Trabajo acarrea la presunción de despido injusto, presunción que se puede desvirtuar, incluso en el proceso de tutela y por tanto, lo que implica es la inversión de la carga de la prueba. Estaba entonces en cabeza del contratante probar la justa causa para terminar de manera anticipada el contrato de prestación de servicios. El tribunal advirtió que esta garantía se ha aplicado no solo a las relaciones de trabajo dependiente, sino también a los vínculos originados en contratos de prestación de servicios independientes. En el caso concreto, la Corte encontró que la compañía Inciviles S.A. no logró desvirtuar la presunción de desvinculación injusta del accionante, pues no le bastaba afirmar, sin sustento probatorio, los hechos invocados en la causal de terminación del contrato contenida en su Cláusula Séptima, literal b), puesto que debía probar que hubo un daño a uno de sus vehículos el 13 de marzo de 2014 y que el accionante lo causó.

 

De los documentos aportados al proceso, no se anexa ninguna prueba de que hubiese un daño a sus vehículos o de que un vehículo a cargo del peticionario, específicamente hubiere sufrido una avería, ni tampoco muestra los elementos que la llevan a concluir que el supuesto año lo hubiese causado el actor. Incluso dado por cierto, sobre la base de la buena fe, que un vehículo hubiese sido objeto de un choque, sería injustificado inferir a partir de allí que el daño lo hubiese causado el actor. Así, lo sostuvo en la acción de tutela, al aducir que se le había violado el debido proceso al no permitirle la defensa frente a los cargos que se esbozan. En consecuencia, la Sala Plena procedió a revocar los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia por el Juzgado Treinta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín el 8 de julio de 2014 y el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Medellín del 14 de agosto del mismo año. En su lugar, la Corte tuteló el derecho fundamental del accionante a la estabilidad ocupacional reforzada vulnerado por la compañía Inciviles S.A. La protección consiste en que dentro de los quince días calendario contados a partir de la notificación de la presente sentencia, renueve el contrato de prestación de servicios al accionante, cancele las remuneraciones que dejó de percibir al momento de su desvinculación y la fecha de expedición de la sentencia de segunda instancia y le pague una indemnización equivalente a 180 días de honorarios.

Los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gloria Stella Ortiz, manifestaron salvamentos parciales respecto de la decisión anterior. Si bien coinciden con la procedencia del amparo de derechos fundamentales del actor a quien se terminó el contrato de prestación de servicios en una situación de vulnerabilidad que desconoció derechos fundamentales, consideran que no se puede hacer una asimilación total del contrato de prestación de servicios independientes con el contrato laboral.

 

El magistrado Guerrero Pérez observó las diferencias entre el sistema de protección de personas con discapacidad permanente calificada (Ley 361 de 1997, Decreto ley 19 de 2012) y el que se aplica a las personas con afectaciones temporales de salud que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares (de creación jurisprudencial). Por ello, consideró que la protección a otorgarse al accionante debía limitarse a la renovación del contrato, que tiene fundamento constitucional en la medida en que se desvinculó a una persona en situación de vulnerabilidad que le impedía desempeñar la labor contratada.

A su juicio, no existía fundamento legal para exigir la autorización de la Oficina de Trabajo a dar por terminado el contrato de prestación de servicios, la cual se exige solamente cuando se trata de un contrato laboral. Por ello, tampoco había lugar a sancionar a la compañía contratante con el pago de una indemnización al contratista.

 

A su vez, la magistrada Ortiz Delgado manifestó su discrepancia con asimilar a la estabilidad laboral reforzada, que es una garantía de la que gozan las personas vinculadas mediante contrato de trabajo, a la situación en que está un persona contratada para un labor por medio de contrato de prestación de servicios, para reconocerle la que se denomina como estabilidad ocupacional reforzada. Observó, que el reconocimiento de la estabilidad laboral a las personas que trabajan en virtud de un contrato prestación de servicios, se deriva de la existencia de un contrato- realidad, en la medida en reúne las elementos de un contrato laboral en el que el elemento subordinación es esencial. En el caso concreto, no era esa la situación, pues se reconocía que se trataba de un contrato de prestación de servicios como trabajador independiente y por lo mismo, no genera las mismas obligaciones contractuales de una relación laboral.

Aplicación del artículo 74 del mismo Código y por desconocimiento del precedente jurisprudencial relativo a la prohibición de revocar actos administrativos de contenido particular y concreto, sin consentimiento del titular.

En el presente caso, la Universidad de Cundinamarca revocó el acto de nombramiento de una docente del sector oficial, sin su consentimiento y sin que se hubiera agotado el procedimiento correspondiente. No obstante, no prosperó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto revocatorio por el error observado, razón por la cual era necesaria la intervención del juez constitucional para que dispusiera la expedición de una nueva sentencia en la que el Consejo de Estado analice la problemática originada en la decisión de la Universidad. Para la Corte, resultaba claro que en este caso no se cumplió el presupuesto establecido en el artículo 73 del CCA que habilita a una autoridad pública para revocar de manera directa un acto administrativo de carácter particular y concreto sin que mediara el consentimiento expreso y previo de la titular, dado que no se acreditó que el nombramiento de la accionante hubiese sido obtenido por medios ilegales o fraudulentos. El debate no consistía en determinar si la docente transgredió el ordenamiento jurídico al desempeñar dos cargos públicos de manera simultánea, sino en verificar si dicha circunstancia habilitaba a la Universidad de Cundinamarca para revocar de manera directa su nombramiento sin su consentimiento previo y expreso.

Para proceder a la revocatoria directa, la Universidad accionada debía adelantar el procedimiento establecido en el artículo 74 del CCA para garantizar el debido proceso a la accionante y acreditar la eficacia de la vinculación laboral en la Normal Departamental de Girardot, para la producción de la resolución a través de la cual se efectuó el nombramiento como profesora de la Universidad.

Por su parte, el magistrado Linares Cantillo aclaró el voto, puesto si bien consideró que en el caso concreto cabía la protección solicitada señaló que no podía tener una connotación laboral, ya que podría llevar a ampliarse a muchos otros contratos en virtud de los cuales se prestan servicios profesionales y especializados de diversa índole, pero que no tienen consecuencias de orden laboral y prestacional. Por ello, no debería establecerse una regla general, sino examinarse en cada caso concreto, si procede la renovación del contrato.

 

SENTENCIA SU-050/17 (Febrero 2) M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

EXPEDIENTE T 5375361 –

 

LA EXISTENCIA DE UN DEFECTO SUSTANTIVO EN PROVIDENCIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A DEL CONSEJO DE ESTADO, QUE DESCONOCIÓ EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE LA ACCIONANTE, JUSTIFICÓ LA CONCESIÓN DE LA TUTELA PARA QUE SE PROFIERA UNA NUEVA SENTENCIA DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LOS ARTS 73 Y 74 DEL CCA.

 

La Sala Plena constató que la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado adolecía de un defecto sustantivo por interpretación indebida del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo vigente entonces, por falta de Cundinamarca, presupuestos que no fueron acatados.

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A partir de hoy, 22 de febrero de 2017, se da apertura al Sistema Vigía para que las empresas registren la información financiera correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015,que pertenece al año de transición a NIIF para las entidades clasificadas como Grupo 2.

Los plazos identificados por la Resolución 78669 de 2016 para el reporte de información financiera anual son:

Ultimo código NIT

Fecha

Del 22 de febrero al 28 de febrero de 2017

6-7

Del 01 de marzo al 7 de marzo de 2017

4-5

Del 8 de marzo al 14 de marzo de 2017

8-9

Del 15 de marzo al 21 de marzo de 2017

Del 22de marzo al 28 de marzo de 2017