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TRIBUNA JURIDICA – FEBRERO 2016

CONTENIDO

  • Editorial
  • Tribuna Jurídica del Colegiado
  • Jurisprudencia
  • Temas de Interés

EDITORIAL

“…Como propósito de 2016 reiteramos nuestro compromiso con la firma de la paz ya que el sector transporte ha sido uno de los grandes damnificados por el conflicto armado.
En este sentido consideramos que al igual que como ocurre con el sector de transporte de carga y su logística, cuyo cambio es irreversible para afrontar los nuevos retos de la economía mundial, la firma del Acuerdo de paz n es el final sino el comienzo del proceso que debe llevarnos a la consecución de un país desarrollado, justo y equitativo.
Juan Carlos Rodríguez Muñoz
Presidente CAT
Extracto editorial Revista Colfecar Edición 5 año 1 ,octubre-diciembre 2015

TRIBUNA JURÍDICA DEL COLEGIADO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

MINISTERIO DE TRABAJO

  • Guía técnica de implementación del SG SST para Mi pymes
    • Descargue la guía: http://www.mintrabajo.gov.co/publicaciones-mintrabajo.html

Otros:
LEY1774ENERO6DE2016. Leycontraelmaltratoanimal
Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de ·1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras disposiciones”
LEY 1778 DEL 02 DE FEBRERO DE 2016
POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
LEY 1777 DEL 01 DE FEBRERO DE 2016
POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN Y REGULAN LAS CUENTAS ABANDONADAS Y SE LES ASIGNA UN USO EFICIENTE A ESTOS RECURSOS.

 JURISPRUDENCIA

Corte Constitucional
  • LA CORTE CONSTITUCIONAL ENCONTRÓ QUE EN EL TRÁMITE DE LA LEY 1739 DE 2014 NO SE INCURRIÓ EN LOS VICIOS DE FORMA ACUSADOS. LA LEY QUE BUSCA EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO DE RENTAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 347 DE LA CONSTITUCIÓN, PUEDE ESTABLECER O MODIFICAR TRIBUTOS PERMANENTES 
    • EXPEDIENTE D-10691 – SENTENCIA C-015/16 (Enero 27)
    • M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
  1. Norma demandada LEY 1739 DE 2014, por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. Debido a la extensión de la ley no se transcribe. Su texto fue publicado en el Diario Oficial 49.374 del 23 de diciembre de 2014.
  2. Decisión Declarar EXEQUIBLE la Ley 1739 de 2014 “Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones”, únicamente por los cargos estudiados en la presente oportunidad.
  3.  Síntesis de los fundamentos:
    La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible la Ley 1739 de 2014, expedida con la finalidad de financiar el Presupuesto General de la Nación del año 2015, de acuerdo con los siguientes argumentos:
    En primer lugar, la Corte Constitucional destacó la naturaleza jurídica de la Ley 1739 de 2014, señalando que se trata de una ley de financiamiento expedida en virtud del artículo 347 Superior, según el cual el Gobierno Nacional propondrá, en un proyecto de ley separado, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes, con el fin de completar la financiación de los gastos que hayan quedado en descubierto.
    En segundo lugar, luego de examinar los puntos alegados por los accionantes en sus cargos, relacionados con el trámite legislativo de la Ley 1739 de 2014, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluyó que éste se ajustó a los mandatos superiores contenidos en la Carta Política, en lo que tiene que ver con su proceso de formación. Lo anterior, por cuanto se advirtió que los presuntos defectos en los que había incurrido el legislador no se presentaron y por tanto, las actuaciones surtidas dentro del respectivo trámite no se encuentran viciadas de inconstitucionalidad.
    Con relación al presunto desconocimiento del artículo 347 de la constitución, esta Corporación manifestó que el límite temporal y material que puede predicarse del gasto, no se traslada obligatoriamente a la ley que autorice ingresos al presupuesto. En ese entendido, reiteró la jurisprudencia constitucional que ha sostenido que los gastos públicos se encuentran limitados en cuantía, finalidad y temporalidad por la ley de apropiaciones, a través de la cual, es el Congreso el que autoriza la manera en que se van a invertir los dineros del Estado; situación que no se predica de los ingresos o presupuesto de rentas, el cual se compone de un estimativo que se prevé recaudar durante una vigencia fiscal determinada, lo que conlleva a que los mismos no se limiten de la misma manera, en la medida que es probable que no se reciban los ingresos estimados y se requieran nuevos tributos para financiar ese faltante.
    En ese orden de ideas, la Sala Plena consideró que aunque la Ley 1739 de 2014 no se limitó a financiar el déficit presupuestal de la vigencia 2015 toda vez que contempló medidas con el fin de generar rentas permanentes que contribuyan a la sostenibilidad fiscal de los años 2016, 2017 y 2018, ello no mutaba su carácter de ley de financiamiento y por tanto, no se evidenciaba un desconocimiento del artículo 347 de la Constitución. Sin perjuicio de lo anterior, se solicitó al Gobierno una reflexión frente al tema de austeridad y racionalidad del gasto público y en particular, al impacto tributario en nuestro país.
    Lo anterior, teniendo en cuenta que según el reciente Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que ofrece una actualización del estado de las economías de los países, Colombia ocupa el cuarto lugar a nivel internacional como uno de los que más gravámenes imponen a sus habitantes y el tercero en Latinoamérica, lo que evidentemente reduce el nivel de competitividad en el mercado global y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. En ese contexto, la Sala Plena consideró necesario que el Gobierno revise las estrategias de gasto y recaudo, en aras de evitar los efectos de una política fiscal excesiva y adelante acciones que permitan aliviar a los contribuyentes tanto nacionales como extranjeros.
  4.  Salvamento y aclaraciones de voto La magistrada María Victoria Calle Correa salvó el voto.
    En su concepto, las leyes de financiamiento deben tener cuatro debates, a menos que cuenten con mensaje de urgencia.
    El artículo 157 numeral 2 de la Constitución dice que los proyectos, para convertirse en ley, deben ser aprobados en primer debate en las correspondientes comisiones permanentes de cada Cámara, con esta excepción: “el reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras”.
    No obstante, el reglamento del Congreso solo prevé como posible la sesión conjunta de la comisiones en tres casos: (i) mensaje de urgencia, (ii) trámite de la ley de presupuesto o (iii) aprobación del plan nacional de desarrollo (art 168). En la medida en que la de financiamiento no es objetivamente ni una ley del plan, ni una ley de presupuesto, solo podría ser tramitada con cuatro debates, o con tres debates si hay mensaje de urgencia. En este caso no hubo mensaje de urgencia, y el trámite constó solo de tres debates.
    Por tanto, la ley presentaba a primera vista una irregularidad en su procedimiento de formación. Sin embargo, el artículo 347 de la Constitución ciertamente dice que “Si los ingresos legalmente autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados”. Allí donde dice que el Gobierno puede presentar “ante las mismas comisiones” la ley de financiamiento, podría interpretarse en el sentido de que admite, cuando el Gobierno presente la iniciativa de financiamiento, que haya un trámite como el de presupuesto, el cual por definición constitucional debe surtirse ante las comisiones conjuntas, y aprobarse con tres debates y sin mensaje de urgencia.
    Ahora bien, se justificaba una reforma a las rentas públicas con menos debates y sin mensaje de urgencia en la ley de financiamiento, en la medida en que había un presupuesto desfinanciado próximo a entrar en vigencia, el cual demandaba entonces incrementar los ingresos públicos con celeridad. Pero esto solo justificaba entonces la expedición de una ley de financiamiento temporal, que cubriera el balance del presupuesto del año fiscal correspondiente. Como no es urgente aprobar esas rentas para los presupuestos de los años subsiguientes (2016 en adelante), toda vez que el Congreso cuenta con todo un año o más en el futuro para ello, entonces la vigencia fiscal de la ley de financiamiento así aprobada debe fenecer, cuando menos, al expirar la anualidad del presupuesto que la justifica. Pero con tres debates y sin mensaje de urgencia, una reforma tributaria que se hace para financiar un presupuesto anual específico, no puede tener un periodo indefinido de vigencia jurídica o fiscal.
    A su juicio, admitir que esto es posible, no solo supone sacrificar todo un debate en el trámite de la ley, que normalmente tiene cuatro de ellos, sino además suprimir los periodos de enfriamiento y pausa de los que se compone el procedimiento legislativo, y que son funcionales al control político de las restantes instituciones y de la ciudadanía en particular. Esto, sin que haya una decisión normativa expresa en ese sentido del Constituyente o del legislador orgánico, en un tema como el tributario, que demanda una profunda legitimidad democrática en su regulación, exigía una justificación poderosa, que la Corte no satisfizo.
    La magistrada Calle Correa consideró que los efectos fiscales de una decisión deben valorarse como argumentos para definir sus efectos en el tiempo, pero no su sentido. La preocupación por evitar la pérdida de ingresos públicos, en un momento económico crítico, tiene entonces un fin constitucional legítimo (CP art 334). Pero el medio para alcanzar ese fin no era sustituir las razones jurídicas por una orientación financiera, en una Corte de jueces, sino incorporarlo conforme a la jurisprudencia como un criterio para determinar los efectos de la decisión en el tiempo.
    El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva anunció la presentación de una aclaración de voto sobre algunos de los fundamentos de la decisión de exequibilidad de la Ley 1739 de 2014.La magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Luis Guillermo Guerrero, Alejandro Linares Cantillo, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Alberto Rojas Ríos se reservaron la posibilidad de presentar aclaraciones de voto sobre diversos aspectos de la motivación de esta sentencia.
  • LA ADOPCIÓN O FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO POR INFRACCIONES QUE AFECTAN EL SECTOR DE LAS TIC CONSTITUYE UNA NORMA INSTRUMENTAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO QUE GUARDA CONEXIDAD CON LOS PILARES DE LA PAZ Y LA EQUIDAD
    • EXPEDIENTE D-10872 – SENTENCIA C-016/16 (Enero 27) M.P. Alejandro Linares Cantillo
      1.  Norma demandada L
        LEY 1753 DE 2015 (Junio 9) Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”
        ARTÍCULO 44. SANCIONES EN MATERIA TIC. Modifíquese el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, el cual quedará así: “Artículo 65. Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el infractor, la persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 64 de la presente ley, será sancionada, además de la orden de cesación inmediata de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con:
  1. Amonestación.
  2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales.
  3. Multa hasta por el equivalente a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales para personas jurídicas.
  4. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses.
  5. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso
  • Decisión:
    Declarar EXEQUIBLE el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015, únicamente por los cargos analizados en la sentencia.
  • Síntesis de los fundamentos
    La Corte determinó que el artículo 44 de la Ley 1753 de 2015, modificatorio del artículo 65 de la Ley 1341
    de 2009, no desconoce el principio de unidad de materia. Sometido al juicio de conexidad directa aplicable cuando se trata de disposiciones instrumentales de la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, es claro que la adopción o fortalecimiento de un régimen sancionatorio aplicable por la comisión de infracciones que afectan al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contribuye de manera cierta al avance de las TIC.
    A juicio de la Corporación, dado que dicho avance y desarrollo se reconoce como parte de los pilares reconocidos en la parte general de la Ley 1753 de 2015, denominados como Paz y Equidad, así como instrumento de la estrategia transversal “Competitividad e infraestructura estratégicas”, la disposición impugnada se ajusta plenamente al artículo 158 de la Constitución. La promoción del sector de las TIC constituye un elemento del Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 y se articula con la búsqueda de la paz, puesto que el impulso de la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a los bienes públicos, servicio sociales e información, facilita la integración de territorio y sus comunidades y el cierre de las brechas poblacionales y sociales.
    En la misma dirección, es evidente el vínculo que existe entre el propósito de promover una sociedad más equitativa y el desarrollo de dicho sector, en la medida en que, como lo resalta el Documento sobre las Bases del 6 Plan, el impulso de la conectividad constituye un elemento importante para conseguir la integración de todas regiones y asegurar el conocimiento suficiente de la oferta estatal.
  • Aclaración de voto
    Aunque compartió la decisión de exequibilidad del artículo 44 de la Ley 1753 de 2015, por el cargo de unidad de materia, la magistrada María Victoria Calle Correa se reservó la presentación de una aclaración de voto en relación con alguna de las consideraciones expuestas como fundamento de esta decisión.
Consejo De Estado
  • No se configura relación laboral en la medida que existe coordinación de actividades en contrato de prestación de servicios.
    CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” CONSEJERO PONENTE: DR. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
    Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil quince (2015)
    Expediente No: 05001-23-31-000-2002-04865-01 No. Interno: 1923-12
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de siete (7) de marzo de dos mil doce (2012), mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión – Subsección Laboral denegó las súplicas de la demanda formulada por Wilson de Jesús Quintana Romero contra el Municipio de Hispania.
ANTECEDENTES
El señor Wilson de Jesús Quintana Romero laboró al servicio del Municipio de Hispania, en forma ininterrumpida, mediante diversos contratos desde el 9 de julio de 2001 hasta el 12 de agosto de 2002, fecha en la cual fue desvinculado del cargo de Monitor Deportivo. Durante el tiempo que prestó sus servicios cumplió órdenes establecidas por el Director Municipal de Recreación y Deportes de Hispania- IMDERHIS; cumplía horario de trabajo como los demás empleados de la entidad, solicitaba permisos para poder trasladarse a otros municipios y como contraprestación recibía la suma de $800.000 mensuales, además de viáticos y transporte. Señaló que desarrolló actividades pedagógicas de formación física y fundamental para el deporte y las actividades recreativas y aprovechamiento del tiempo libre. Mediante Resolución No. 030 de 5 de julio de 2002 la entidad ordenó la terminación de su contrato, e inconforme con tal decisión presentó recurso de reposición el cual fue resuelto negativamente mediante Resolución No. 044 de 6 de agosto de 2002. Adujo que las funciones que desempeñaba corresponden a las de un cargo público del orden municipal. Como normas violadas citó los artículos 29, 53, 122, 125 de la Constitución Política; Ley 80 de 1993 artículo 32, numeral 3o.
LA SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión – Subsección Laboral mediante sentencia de 7 de marzo de 2012, denegó las pretensiones de la demanda, con la siguiente argumentación (fls. 238 a 246 vto.): Luego de hacer un análisis acerca de la figura contractual establecida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y de la jurisprudencia que sobre el tema ha existido, estimó que la situación del actor se encuadra dentro de los presupuestos del contrato de prestación de servicios establecidos en la Ley 80 de 1993, como quiera que no se logró demostrar el cumplimiento de todos los elementos propios de una relación laboral.
Agregó que el demandante se limitó a aportar fotocopia del Decreto 060 de 29 de junio de 2002, pero no demostró que efectivamente estuviera sometido a ese horario de trabajo, que haya laborado con autonomía y dependencia, ni tampoco demostró subordinación como quiera que la relación coordinada entre contratante y contratista era establecer una 7 programación de actividades a desarrollar para el cumplimiento de ciertas labores, lo cual está permitido en este tipo de contratos.
CONSIDERACIONES
El problema jurídico consiste en determinar si el señor Wilson de Jesús Quintana Romero tiene derecho a que el Municipio de Hispania (Antioquia) le pague las prestaciones sociales que le adeuda como consecuencia del Contrato Realidad suscrito para el desempeño del cargo de Monitor Deportivo; o si por el contrario, los Contratos, u órdenes de prestación de servicios fueron celebrados conforme a la Ley 80 de 1993. Para ello, es necesario abordar el tema de la prestación de servicios que en principio estudió la Corte Constitucional, en sentencia C- 154 de 1997 con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, en cuanto analizó la diferencia entre dicho contrato y el de carácter laboral, así:
“…
Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada. Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.” (Resalta la Sala)
Lo anterior significa que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador, y en ese evento surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales en favor del contratista en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo (art. 53 C.P.).
De igual forma esta Corporación ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, pero en especial que se demuestre que la labor se prestó en forma subordinada y dependiente respecto del empleador:
“…De acuerdo con lo anterior, en un plano teórico y general, cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de toda relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación de trabajo que, en consecuencia, confiere al trabajador las prerrogativas de orden prestacional. …….. De acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, la demandante estuvo vinculada mediante contratos de prestación de servicios u órdenes de servicios durante los periodos que se encuentran señalados en el acápite de hechos probados. La Sala reconocerá la existencia de una relación laboral por la existencia de una relación de subordinación entre la entidad contratante y la contratista, según 8 se desprende de las cláusulas que a continuación se transcriben, además del ejercicio por parte de ésta de labores propias de un funcionario público: (…) Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando la demandante desarrolló su actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el desarrollo de la actividad, numeral 4. …”(Exp. 0245/03, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA)
Así mismo, se ha sostenido que entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades , de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación. En desarrollo del anterior postulado, la Sección Segunda ha dicho
“…
Aunque a primera vista se puede pensar que el cumplimiento de un horario es de suyo elemento configurativo de la subordinación transformando una relación que ab initio se consideró como contractual en laboral, lo cierto es que en determinados casos el cumplimiento de un horario es sencillamente la manifestación de una concertación contractual entre las partes, administración y particular, para desarrollar el objeto del contrato en forma coordinada con los usos y condiciones generalmente aceptadas y necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de la labor. …
El sub lite se encuadra dentro de tal circunstancia, pues entre el libelista y la entidad accionada hubo una relación de coordinación, que no permite configurar la existencia de una subordinación , y por tanto, no hay lugar a deducir que en realidad se hubiera encubierto una relación laboral, aun cuando los otros dos (2) elementos, prestación personal del servicio y remuneración si se hallan suficientemente probados en el expediente….” (Sentencia de la Subsección “B”, del 19 de febrero de 2004, Exp. No. 0099- 03)“
Lo anterior significa que el contrato de prestación de servicios puede ser desvirtuado cuando se demuestra la subordinación o dependencia respecto del empleador, evento en el cual surgirá el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo artículo 53 de la Constitución.
Se arriman como pruebas de la subordinación dos declaraciones cuyo análisis pasará a efectuar la Sala. … Estas declaraciones no resultan concluyentes sobre la existencia de un vínculo de subordinación entre la accionada y el actor, pues de un lado, no se precisa bajo las órdenes de qué funcionario se encontraba el demandante como quiera que se duda por los declarantes acerca de quién cumplía dicho papel entre los coordinadores, el jefe de personal, la enfermera jefe, etc., como eventuales superiores del mismo;y de otro lado, se indica que el actor respondía a “cualquier persona de cualquier dependencia que lo llamara amantenimiento”, afirmación que introduce aún mayor duda porque se estaría confundiendo la existencia de una relación de subordinación con la solicitud de que sus servicios hiciera cualquier empleado de la entidad. Esto debilita la tesis sobre la existencia de un vínculo de sujeción del demandante con la entidad
…” De acuerdo con lo anterior, la Sala considera que no son suficientes los elementos de prueba para configurar en el presente caso la existencia de una relación de tipo laboral por cuanto el demandante cumplió su oficio sin recibir instrucciones sobre el mismo; en efecto, la actividad consistió en aplicar sus habilidades de manera independiente y autónoma para el servicio de la entidad. La circunstancia de que laborara un número determinado de horas no constituye elemento para afirmar que existiera una relación de sujeción” (sentencia 2161/04, Demandado: Hospital San Martín, Municipio de Astrea Cesar)
Entonces, constituye requisito indispensable para demostrar la existencia de una relación de trabajo, que el interesado acredite en forma incontrovertible La subordinación y dependencia, y el hecho de que desplegó funciones públicas, de modo que no quede duda acerca del desempeño del contratista en las mismas condiciones de cualquier otro servidor; siempre y cuando, de las circunstancias en que se desarrollaron tales actividades, no se deduzca que eran indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales.
“…
En consecuencia la Sala sintetiza lo expuesto, acogiendo los planteamientos del A quo en el sentido de que el acervo probatorio evidenció que en el sub-lite no se configuraron los tres elementos de una relación laboral, es decir, que a pesar de que se encuentra probado el criterio de la continuidad, como quiera que la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de prestación de servicios, no logró demostrar la subordinación o dependencia con la entidad demandada en cumplimiento de las labores ejercidas desde el 9 de julio de 2001 hasta el 12 de agosto de 2002, siendo este un requisito sine qua non para la declaratoria de la existencia de una de una relación de carácter laboral. En ese orden de ideas, al no tener razón la parte apelante, se confirmará el proveído impugnado que denegó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
CONFÍRMASE La sentencia de 7 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia Sala de Descongestión Subsección Laboral que denegó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Wilson de Jesús Quintana Romero contra el Municipio de Hispania – Antioquia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

INDICADORES

  • Auxilio de transporte $ 77.700
  • Barril de crudo WTI  31.69
  • Base retención fuente por compras $ 803.000
  • Base retención fuente por servicios $ 119.000
  • Interés Bancario Cte. (01 -01- 2016 al 30-03-2016) IPC 2015 19.33%
  • Salario mínimo 6.77%
  • Salario mínimo integral $ 689.455
  • Tasa de Usura. $ 8.962.915
  • TF (Efectivo Anual) 29.52
  • UVR 5.87%
  • UVT 2016 229.70
  • Inflación enero de 2016 $ 29.753 1.29

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Circular Externa 02 noviembre 2 de 2015
“Impartir instrucciones a los responsables de los tratamientos de datos personales, personas jurídicas de naturaleza privada inscritas en las cámaras de comercio y sociedades de economía mixta, para efectos de realizar la inscripción de sus bases de datos en el registro de bases de datos- RNBD”
Fechas para la inscripción: (últimos dos dígitos del NIT)
ULTIMOS DIGITOS (SIN EL DIGITO DE CONFIRMACION) PLAZO
De 00 a 24 Del 09/11/15 al 08/02/2016
De 25 a 49 Del 09/02/2016 al 10/05/2016
De 50 a 74 Del 06/05/2016 al 08/08/2016
De 75 a 99 Del 09/08/2016 al 08/11/2016
Para la inscripción de las Bases de Datos en el RNBD deberá hacerse según instrucciones del “Manual del Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos” publicado en la página: www.sic.gov.co
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